Sanciones de EE.UU. contra jueces del CPI: Una traición a la justicia internacional y al legado de “Nunca más”
El 7 de febrero y el 5 de junio de 2025, Estados Unidos, bajo el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, denunció al Tribunal Penal Internacional (CPI) como ilegítimo y politizado. Impusieron sanciones contra el fiscal jefe del CPI, Karim Khan, y los jueces Solomy Balungi Bossa, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou y Beti Hohler en represalia por su papel en la investigación de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad de Israel. Estas medidas, que incluyen la congelación de activos y prohibiciones de viaje, fueron diseñadas explícitamente para vengarse de la emisión por parte del CPI de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant el 24 de noviembre de 2024, y para prevenir posibles cargos contra los ministros Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir por su papel en la promoción de asentamientos ilegales y en la exacerbación de la crisis humanitaria en Gaza. Esta interferencia sin precedentes amenaza las operaciones del tribunal y socava el compromiso global posterior al Holocausto con la rendición de cuentas universal.
Este ensayo sostiene que la comunidad internacional debe ir más allá de la condena verbal para hacer cumplir la responsabilidad, incluyendo sanciones económicas y diplomáticas contra Israel y EE.UU., cargos del CPI contra Donald Trump y Marco Rubio, y la activación del Estatuto de Bloqueo de la UE para proteger al tribunal y a sus funcionarios del alcance excesivo de EE.UU.
La Convención sobre el Genocidio de 1948 define el genocidio como actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso mediante el asesinato, causando daños físicos o mentales graves, o imponiendo condiciones de vida destinadas a provocar su destrucción física. Las operaciones militares de Israel en Gaza cumplen estos criterios con una claridad alarmante. La restricción sistemática de la ayuda humanitaria, los ataques dirigidos contra civiles –incluyendo trabajadores humanitarios, servicios de emergencia, trabajadores de la salud y periodistas– y la destrucción de infraestructura esencial como hospitales demuestran una intención deliberada de imponer condiciones dirigidas a la destrucción física de los palestinos en Gaza y cumplen con la definición legal de genocidio según el Artículo II de la Convención sobre el Genocidio de 1948. Las órdenes de arresto del CPI del 21 de noviembre de 2024 contra Netanyahu y Gallant, acusándolos de inanición como crimen de guerra y crímenes contra la humanidad, confirman esta evaluación legal.
El informe de Amnistía Internacional de diciembre de 2024 concluyó inequívocamente que el asedio de Israel, que negó sistemáticamente a los palestinos el acceso a alimentos, agua, suministros médicos y combustible, constituye genocidio al crear condiciones destinadas a destruir a la población palestina. La Relatora Especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, en su informe de marzo de 2024 Anatomía de un genocidio, identificó “motivos razonables” para el genocidio, citando más de 54.607 muertes palestinas, 100.000 heridos y el confinamiento de la población de Gaza a solo 15 millas cuadradas, lo que llevó a enfermedades generalizadas y hambruna. Los informes de violencia sexual en campos de detención como Sde Teiman indican aún más una intención genocida, dirigida a la dignidad y supervivencia de los palestinos.
La retórica de los funcionarios israelíes refuerza estos hallazgos. La declaración del presidente Isaac Herzog en octubre de 2023, que confunde a todos los palestinos con Hamás, sugiere una intención de atacar a un grupo entero, no solo a combatientes. La llamada de Smotrich de que “ni un solo grano de trigo entrará en Gaza” y la defensa de Ben-Gvir de la anexión de Gaza y Cisjordania reflejan una intención genocida. Estas declaraciones y acciones, respaldadas por el apoyo militar y político de EE.UU., no solo violan el derecho internacional humanitario, sino que también traicionan el compromiso universal con “Nunca más”, una piedra angular de la era posterior al Holocausto.
La promesa de “Nunca más”, nacida de los horrores del Holocausto y consagrada en los Juicios de Núremberg, estableció un compromiso global para responsabilizar a los perpetradores de atrocidades, independientemente de su estatus. Los Juicios de Núremberg procesaron a oficiales nazis por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, a pesar de sus objeciones a la legitimidad del tribunal. Las acciones y declaraciones de EE.UU. reflejan el argumento nazi de que los tribunales internacionales infringen la soberanía estatal. Este paralelo no es solo histórico, sino profundamente simbólico. Los Juicios de Núremberg establecieron el principio de que los individuos, incluidos los líderes estatales, tienen responsabilidad personal por los crímenes internacionales, un principio codificado en el Estatuto de Roma, que rige al CPI. Las sanciones de EE.UU., al dirigirse contra jueces por cumplir con sus deberes judiciales, violan el Artículo 70 lit e del Estatuto de Roma, que prohíbe represalias contra funcionarios del tribunal por su trabajo. Este acto de intimidación socava el legado de Núremberg al proteger a los perpetradores de la rendición de cuentas, fomentando una cultura de impunidad que traiciona el compromiso con “Nunca más”.
En la mitología egipcia antigua, la serpiente Apofis, la vil encarnación del caos, se desliza por el inframundo cada noche, buscando devorar a Ma’at – la sagrada diosa de la verdad, la justicia y el orden cósmico – y sumir al mundo en la oscuridad eterna. Seth con su lanza, Isis con su magia y Thoth con su sabiduría protegen a Ma’at hasta que el amanecer trae la luz de Ra que finalmente derrota a las fuerzas de la oscuridad.
De manera similar, Israel por sus acciones en Gaza y Estados Unidos por protegerlo de la justicia han sumido a nuestro mundo en la oscuridad. La comunidad internacional, los 125 estados miembros del CPI, deben ahora asumir los roles de los guardianes de Ma’at. Sancionar a Israel y a EE.UU. como Seth atraviesa el corazón de la serpiente, usar el Estatuto de Bloqueo de la UE como un escudo mágico para proteger al CPI y a sus funcionarios de las sanciones de EE.UU., y emplear la sabiduría de expertos legales para presentar cargos contra aquellos que cometen y apoyan el genocidio. Los guardianes de la verdad y la justicia deben actuar con decisión para evitar que el mundo caiga en el caos y la oscuridad.
Las meras condenas verbales de las sanciones de EE.UU., expresadas por el CPI, expertos de la ONU y organizaciones de derechos humanos, son insuficientes para contrarrestar este asalto a la justicia internacional. La comunidad internacional debe actuar con decisión para proteger la independencia del CPI y garantizar la rendición de cuentas. En primer lugar, el CPI debería presentar cargos contra funcionarios de EE.UU., incluidos el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, según el Artículo 70 lit d y e del Estatuto de Roma por delitos contra la administración de justicia. Su orden ejecutiva y sanciones constituyen intentos deliberados de obstaculizar, intimidar y tomar represalias por el trabajo del tribunal, acciones que cumplen con los criterios para el enjuiciamiento. Este paso audaz reafirmaría el compromiso del CPI con la imparcialidad y disuadiría futuras interferencias por parte de estados poderosos.
En segundo lugar, la Unión Europea, con sus 27 estados miembros parte del Estatuto de Roma, debe activar su Estatuto de Bloqueo (Reglamento (CE) No 2271/96 del Consejo) para contrarrestar los efectos extraterritoriales de las sanciones de EE.UU. Este reglamento, diseñado para proteger a las entidades de la UE de sanciones extranjeras, podría prohibir el cumplimiento de las medidas de EE.UU. contra los jueces del CPI, asegurando que los bancos e instituciones europeas no congelen los activos de los jueces ni restrinjan sus actividades. Al activar el Estatuto de Bloqueo, la UE puede salvaguardar las operaciones del CPI dentro de su jurisdicción y señalar que no tolerará intentos de socavar la justicia internacional.
En tercer lugar, los estados miembros del CPI deben fortalecer su apoyo mediante un mayor financiamiento, cooperación en la ejecución de órdenes de arresto y la reafirmación pública del mandato del tribunal. Estas acciones contrarrestarían el efecto disuasorio de las sanciones de EE.UU., que los activistas de derechos humanos advierten podrían desalentar a los testigos e impedir investigaciones en otras zonas de conflicto. No actuar con decisión arriesga erosionar la confianza pública en el sistema legal internacional y alentar a otros estados a seguir el ejemplo de EE.UU., debilitando aún más la capacidad del CPI para ofrecer justicia a las víctimas de atrocidades en todo el mundo.
Las sanciones de EE.UU. contra los jueces del CPI representan un ataque directo a los principios de la justicia internacional, reflejando el desafío de los oficiales nazis en Núremberg y socavando la promesa de “Nunca más”. Las acciones de Israel en Gaza, caracterizadas por asesinatos en masa sistemáticos con intención genocida, exigen rendición de cuentas, pero la interferencia de EE.UU. protege a los perpetradores y perpetúa la impunidad. La metáfora de Apofis, Ra y Ma’at subraya lo que está en juego: permitir que el caos prevalezca amenaza el orden global que sostiene la verdad y la justicia. La comunidad internacional debe actuar con decisión, presentando cargos del CPI contra los funcionarios de EE.UU. Trump y Rubio por obstrucción de la justicia y activando el Estatuto de Bloqueo de la UE para proteger al tribunal y a sus funcionarios. Solo mediante medidas tan asertivas se puede preservar el legado de Núremberg. Las víctimas de la atroz agresión de Israel exigen y merecen justicia.