Cautivos de la injusticia: Cómo el sistema de detención de Israel y la estrategia de toma de rehenes de Hamás perpetúan un ciclo de sufrimiento
El conflicto persistente entre israelíes y palestinos se refleja trágicamente en el ciclo de cautivos: el sistema israelí de detención arbitraria, tortura y deshumanización de palestinos, y la toma de rehenes por parte de Hamás como respuesta. Ambas prácticas infligen un sufrimiento inconmensurable. Los palestinos viven bajo la constante amenaza de desaparecer en un sistema desprovisto de un debido proceso, mientras que los israelíes lloran por sus seres queridos retenidos por grupos armados. El resultado es un bucle perpetuo de trauma, rabia y radicalización.
Este ciclo podría haberse interrumpido, más recientemente a través de acuerdos negociados en octubre de 2023 que podrían haber liberado a cautivos de ambos lados. Pero el gobierno de Israel, bajo el primer ministro Benjamin Netanyahu y presionado por elementos extremistas, optó por la escalada en lugar de la diplomacia, marginando a negociadores clave y prolongando la agonía. La negativa a poner fin al régimen de detención ilegal de Israel y el rechazo a los canales diplomáticos afianzaron la espiral de dolor.
Desde 1967, Israel ha utilizado la detención administrativa y los tribunales militares en los Territorios Palestinos Ocupados como herramientas de control. Estos mecanismos operan completamente fuera de las normas legales internacionales. Los palestinos pueden ser encarcelados indefinidamente sin cargos ni juicio, basándose en pruebas secretas, sin medios efectivos de apelación. Los tribunales militares, con una tasa de condenas cercana al 99.7%, funcionan como instrumentos de coerción, no de justicia. Estas prácticas contravienen directamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículos 9 y 10), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículos 9 y 14) y la Cuarta Convención de Ginebra (Artículos 64–66).
La tortura y el abuso son sistemáticos. Numerosos informes de organismos de la ONU y organizaciones de derechos humanos han documentado el uso de golpizas, posiciones de estrés, ahogamiento simulado, descargas eléctricas, humillación sexual y violaciones con objetos. Un informe de 2015 registró al menos 60 casos de tortura sexualizada entre 2005 y 2012. Estos actos violan tanto la Convención contra la Tortura (Artículos 1 y 16) como el Artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíben la tortura bajo cualquier circunstancia.
Desde el 7 de octubre de 2023, estos abusos han escalado dramáticamente. Para agosto de 2024, al menos 53 detenidos palestinos habían muerto bajo custodia, muchos mostrando signos de tortura. Niños de tan solo 14 años han sido sometidos a desnudez forzada y trato degradante. En efecto, los palestinos retenidos en tales condiciones son privados no solo de su libertad, sino también de su humanidad. Dada la naturaleza sistemática y la intención de presionar a la población civil, estos actos podrían cumplir con la definición de toma de rehenes según la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes de 1979, que incluye la detención de personas bajo amenaza de lesión o muerte para obligar a una tercera parte —en este caso, la sociedad palestina— a actuar.
El trauma causado por la detención arbitraria trasciende los muros de las prisiones. Las familias viven con el constante temor de que sus seres queridos —especialmente los niños— sean arrebatados en la noche, retenidos sin comunicación y sometidos a tortura. Para muchos palestinos, la palabra “arresto” no implica un debido proceso; significa desaparición, violencia y, potencialmente, muerte. Hasta 2024, más de 9,500 palestinos habían sido detenidos, alimentando el terror y el dolor colectivo.
Este sufrimiento generalizado no genera pasividad, sino resistencia. Las familias y comunidades, desesperadas por respuestas, a menudo recurren a las únicas entidades que prometen influencia: los grupos armados. Esto no es una justificación de la violencia, sino un reconocimiento de la realidad psicológica: cuando tu hijo es encarcelado ilegalmente, torturado y hay una alta probabilidad de que nunca lo vuelvas a ver vivo, el instinto de hacer lo que sea necesario para asegurar su regreso es profundamente humano. Este imperativo psicológico, aunque no es una defensa bajo el derecho internacional, es clave para entender la estrategia de Hamás.
El 7 de octubre de 2023, Hamás capturó a 251 rehenes israelíes, conmocionando al mundo. La acción fue ilegal e indefendible moralmente bajo la Convención sobre Rehenes de 1979, que prohíbe inequívocamente la captura de civiles para forzar la acción gubernamental. Sin embargo, Hamás no inventó esta táctica de la nada; tiene precedentes históricos y una lógica psicológica.
El intercambio de prisioneros de Gilad Shalit en 2011, en el que más de 1,000 palestinos fueron liberados a cambio de un solo soldado israelí, reforzó la percepción entre los palestinos de que solo la toma de rehenes produce resultados. Dado que el sistema legal de Israel no ofrece un camino hacia la justicia para los detenidos, Hamás utiliza a los rehenes como moneda de cambio, una estrategia éticamente abominable pero políticamente efectiva. Una vez más, el punto no es defender el acto, sino confrontar su raíz: una sociedad brutalizada hasta creer que la diplomacia y la legalidad no tienen valor.
La equivalencia moral y legal no radica, por tanto, en los métodos —toma de rehenes y detención— sino en su ilegalidad subyacente y su efecto deshumanizante. La detención arbitraria de Israel y la toma de rehenes de Hamás constituyen ambas violaciones del derecho internacional y ambas se dirigen a civiles. Una está sancionada por el Estado, es rutinaria y está envuelta en burocracia legal; la otra es espectacular e inmediata. Pero ambas son parte del mismo ciclo de coerción, trauma y desesperación.
El dolor en el lado israelí es profundo. Las familias de los rehenes soportan una incertidumbre angustiosa, incapaces de saber si sus seres queridos están vivos, mucho menos cuándo o cómo regresarán. Su dolor refleja el de las familias palestinas que experimentan la misma ausencia, miedo e impotencia bajo un nombre diferente: “detención administrativa”.
Este sufrimiento paralelo debería haber creado espacio para la empatía. En cambio, ha sido utilizado como arma. Los manifestantes en Israel que pedían un alto al fuego y un acuerdo sobre los rehenes han sido ignorados o desestimados. Las familias de los rehenes israelíes, incluidas figuras como Haim Rubinstein, han acusado públicamente al gobierno de Netanyahu de sacrificar a sus seres queridos por ganancias políticas.
Existía un camino para salir de este abismo. En octubre de 2023, negociaciones de canales secundarios lideradas por Gershon Baskin, con la mediación de Qatar y contactos de Hamás, ofrecieron un marco viable para una liberación mutua. Pero el gobierno de línea dura de Netanyahu, dominado por ultranacionalistas como Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, rechazó estas propuestas. Oren Setter, entonces un funcionario clave en las negociaciones de rehenes, renunció en protesta por la oportunidad perdida.
Esto no fue un error táctico, fue un fracaso moral. Priorizar la escalada militar sobre una resolución humanitaria no ha liberado a israelíes ni a palestinos. Ha profundizado el dolor, impulsado una mayor radicalización y afianzado el uso de cautivos como instrumentos de guerra.
Poner fin a este ciclo no comienza con ataques aéreos o rescates de rehenes, sino con el desmantelamiento de las estructuras que los hicieron necesarios. Israel debe abolir su sistema de detención arbitraria y tribunales militares, prácticas que destruyen el estado de derecho y generan represalias violentas. Sin abordar esta injusticia central, cualquier alto al fuego temporal o intercambio solo retrasará el próximo ciclo de secuestros y derramamiento de sangre.
La justicia no puede ser selectiva. Los mismos principios que condenan la toma de rehenes por parte de Hamás también deben rechazar la prisión indefinida y extrajudicial de civiles por parte de Israel. Hasta que ambas formas de cautiverio sean abolidas, ambos pueblos seguirán siendo prisioneros de un sistema que prospera con el sufrimiento mutuo.